El Senado de México aprobó el pasado miércoles la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con 72 votos a favor y 50 en contra, la cual busca reducir el tamaño, presupuesto y la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), por considerarlo parcial.
Ante la aprobación de la medida, los principales partidos de la oposición han anunciado que recurrirán ante los tribunales puesto que la consideran como un atentado a la democracia y contra una institución independiente que permitió acabar con el régimen unipartidista que caracterizó el sistema político mexicano durante la mayor parte del siglo XX, según publicaron medios internacionales.
Consejeros del INE, han denunciado que “las consecuencias del drástico recorte presupuestario que propone la reforma, en torno a los 200 millones de dólares, ponen en peligro la integridad de los comicios y van a obligar a despedir a más del 80% de la plantilla del INE, alrededor de 6.000 trabajadores”.
Por su parte, el senador Félix Salgado afirma que esto permite poner fin “a los privilegios, al derroche y a los fraudes de Estado”, desde la oposición temen que el ‘plan B’ termine con la independencia del organismo y otorgue ventajas al gobierno de López Obrador de cara a los próximos procesos electorales”.
Ahora bien la Suprema Corte tendrá la última palabra sobre su entrada en vigor tras la acciones de inconstitucionalidad presentadas por la oposición, las cuales podrían tener efectos en las elecciones estatales de este año, en Coahuila y Estado de México, y las presidenciales del 2024, concluyeron medios internacionales.