Lina María Arbeláez, directora General del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF), nos habla del programa Pacto Colombia con las Juventudes y otros
temas de vital importancia para la agenda de infancia y adolescencia
que adelanta el Gobierno.

¿En qué consiste el “Pacto Colombia con las Juventudes” y cuáles son los beneficios para el país?

El Pacto Colombia con la Juventudes es un ejercicio sin precedentes. En menos de dos meses y gracias a la nueva Dirección de Adolescencia y Juventud creada en el ICBF por el Presidente Duque, logramos desplegar a todo el equipo para escuchar y conectarnos con los jóvenes en todo el territorio nacional. Entender sus dolores y sus sueños es fundamental para co-construir soluciones que nos permitan
tener un país incluyente, colectivo y mucho más empático.

El pacto se fundamenta en la escucha activa, en la voz auténtica de los jóvenes y en la diversidad de sus territorios. Hoy sumamos más
de 10.000 jóvenes participantes, en 324 mesas, en Bogotá y los 32 de departamentos del país.

¿Qué consecuencias trae para Colombia la sanción de la ley que condena con cadena perpetua a los abusadores de niños y niñas?
La ley de cadena perpetua envía un mensaje absolutamente claro a quienes atentan contra la vida y la dignidad de los niños, niñas y adolescentes de Colombia. Estos depredadores, violadores y asesinos, van a pagar la pena más alta de nuestro ordenamiento jurídico.
Este es un paso histórico, pero sabemos que se necesita mucho más que eso. La sociedad colombiana necesita una transformación profunda.
Hemos naturalizado la violencia contra la niñez y se nos olvida que el artículo 44 de la Constitución pone sus derechos por encima de
todos los demás. Solo en 2020, el ICBF abrió 28.588 procesos de restablecimiento de derechos para niños, niñas y adolescentes víctimas de algún tipo de violencia. Esto tiene que cambiar.

¿Qué programas de resocialización impulsa el ICBF en favor de los jóvenes que cumplen condenas dentro del Sistema de Responsabilidad Penal?

En el ICBF creemos en las nuevas oportunidades. Sabemos que estos jóvenes son una fuerza de transformación importantísima para el país y por ello todos los días trabajamos para lograr que, además de cumplir con su sanción, cada uno de ellos pueda emprender un proyecto de vida sostenible lejos de la criminalidad.

En Colombia, las medidas de responsabilidad penal para adolescentes son de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto al sistema de los adultos. En el ICBF ellos siguen un proceso estructurado que contempla acciones para el acompañamiento en su
nivelación educativa, el desarrollo de habilidades sociales y de capacidades para el trabajo, y una intervención con las familias para que
apoyen activamente el proceso y se produzca una resocialización efectiva. Desde que llegué a la dirección del ICBF, me he empeñado en
llevarles programas que logren detonar sus talentos y atiendan los desafíos de la cuarta revolución industrial. Les hemos llevado la metodología Sacúdete, programas de robótica y programación, así como todo un esquema de fortalecimiento de las habilidades esenciales para la vida.

¿Qué estrategias ha adelantado el Instituto en medio de la pandemia para proteger a las madres comunitarias que dependen de su trabajo para sobrevivir?

La emergencia sanitaria por causa del Covid-19 nos planteó un desafío enorme en la atención de los niños y niñas de Colombia. En tiempo récord, diseñamos e implementamos un esquema de flexibilización para garantizar la continuidad de los servicios a la primera infancia, y el compromiso de las madres comunitarias y de los agentes educativos en ello fue vital.

Su trabajo no paró nunca, como tampoco el reconocimiento de su salario, seguridad social y prestaciones que reciben a través de las Entidades Administradoras del Servicio. Ellas han sido garantes de la continuidad en la atención a la primera infancia, entregando las canastas nutricionales y desarrollando semanalmente actividades pedagógicas para el desarrollo motor, cognitivo y socioemocional de las niñas y los niños. En este momento, en el regreso a la presencialidad, la priorización de ellas en el calendario de vacunación contra el Covid-19 hace que puedan trabajar en condiciones seguras y brindar bienestar a los niños y a las niñas que atienden