El actual congresista de la República es un abogado de 56 años, nacido en Istmina (Chocó), cuyo compromiso y servicio están arraigados en su comunidad. Crió a nueve hijos y ahora disfruta de la bendición de ocho nietos. Su formación académica comenzó en las aulas de un colegio local, donde más tarde forjaría su carrera profesional en Bogotá. Es bachiller Agropecuario del Colegio San Pio X, abogado de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás y Especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Cooperativa de Colombia.
Su trayectoria ha sido diversa y dedicada al servicio público. Desde asesorar al alcalde de Istmina hasta desempeñarse como inspector de Policía y comisario de familia, ha estado inmerso en los asuntos que impactan directamente a su gente. Además, ha ejercido roles clave, como ser asesor jurídico de la Secretaría de Educación Departamental.
Sin embargo, su verdadero llamado ha sido ser un defensor incansable de los derechos humanos, especialmente de las víctimas del conflicto armado en su querido Chocó y en Antioquia. Desde el año 2000, cuando se enfrentó por primera vez a un caso de falso positivo que sacudió a Colombia, hasta representar a las familias afectadas por la devastadora masacre de Bojayá en 2002, ha mantenido su compromiso firme.
A lo largo de sus más de 32 años como abogado litigante, ha dedicado su energía a dar voz a quienes no la tienen y a luchar por la justicia. Incluso en su papel como congresista, tanto en el departamento de Chocó como en Antioquia, ha trabajado incansablemente para promover leyes y políticas que protejan y empoderen a los más vulnerables. En cada proceso legislativo, ya sea como ponente o coautor, ha buscado hacer una diferencia significativa en la vida de las personas a las que sirve.
Iniciativas por la paz de Colombia
En cuanto a las iniciativas por la paz, se destaca el proyecto de ley de paz total liderado por la bancada representativa del Chocó, Antioquia, Putumayo, Cauca, Nariño y otras regiones afectadas por el conflicto armado. A pesar de ser una bancada reciente, lograron llevar a cabo un debate consciente en el Congreso, informando sobre la persistente conflictividad en dichos territorios, marcada por desplazamientos, paros armados y confinamientos de la población civil, así como por los continuos asesinatos de líderes territoriales.
Convencieron a otros congresistas que desconocían esta realidad para que los apoyaran, llegando a un acuerdo entre toda la bancada, tanto con el gobierno como con la oposición, para consolidar el proyecto de ley de paz total.
Defensa por los campesinos
Además, la bancada a la que pertenece Mosquera Torres también ha desempeñado un papel activo en la promoción del proyecto de ley que reconoce al campesinado colombiano como sujeto de derechos. Durante la pandemia, se evidenció la importancia vital del campesinado en la estructura alimentaria del país, a pesar de enfrentar una serie de carencias, incluyendo acceso limitado a servicios básicos como energía eléctrica, conectividad, infraestructura vial, salud y educación.
Este proyecto de ley busca otorgar al campesinado el reconocimiento que merece como parte integral de la sociedad colombiana, así como proporcionar la inversión social necesaria para mejorar su calidad de vida. Además, otra iniciativa se centra en fortalecer la jurisdicción agraria, dada la historia de despojo de tierras que muchos campesinos han enfrentado durante el conflicto en el país.
Con esta ley agraria, se pretende establecer mecanismos más eficientes para lograr una restitución rápida y efectiva de las tierras a estos campesinos, garantizando así su derecho a la propiedad y contribuyendo a su estabilidad económica y social.
Ley de Víctimas
En la actualidad, James Mosquera Torres se desempeña como uno de los coordinadores ponentes del proyecto de ley destinado a modificar la Ley 1448, conocida como la Ley de Víctimas. Uno de los puntos clave de esta modificación, que será presentada ante la Comisión Primera de la Cámara de la cual es miembro, es el reconocimiento de los derechos de las víctimas que residen en el exterior. Se estima que más de 500,000 connacionales se han visto obligados a abandonar su territorio, familia y posesiones para preservar sus vidas debido al miedo, la amenaza o el temor.
Además, otro objetivo fundamental de esta iniciativa es garantizar una reparación inmediata e integral a las casi 10 millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado en todo el territorio colombiano. Asimismo, se busca incorporar disposiciones que aseguren un amparo especial para la diversidad sexual y étnica, reconociendo las particularidades y necesidades específicas de estos grupos dentro del marco de la legislación de víctimas.
Igualdad
Otro de los proyectos en los que James Mosquera Torres y su equipo participan activamente es la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, en el cual actúan como ponentes. Este ministerio se proyecta como una entidad fundamental para abordar las disparidades sociales y económicas en regiones como el Chocó, el Amazonas, el Putumayo, el Cauca y otros territorios que representan la Colombia más abandonada, marginal y profunda.
Han observado que la presencia institucional del Estado y del gobierno es insuficiente en estas áreas, dejando a las autoridades locales como responsables principales de mantener el orden, hacer cumplir la ley y promover el desarrollo económico y social en los territorios. Por lo tanto, la creación de este ministerio es vista como una oportunidad para fortalecer la presencia y la acción del Estado en estas zonas, asegurando que todas las comunidades tengan acceso equitativo a los recursos y oportunidades necesarios para su bienestar y desarrollo.
Propuestas para la educación
El congresista también ha desempeñado un papel activo en otros proyectos legislativos importantes, como la ley de educación, donde actúa como ponente. Este proyecto tiene como objetivo fundamental establecer la educación como un derecho para todos los colombianos y colombianas, garantizando además su calidad.
La falta de acceso a la educación de calidad es especialmente pronunciada en las regiones más remotas y marginadas de Colombia, donde la ausencia de escuelas y maestros es una realidad común. Cuando existen, las instituciones educativas a menudo carecen de la infraestructura necesaria para ofrecer un ambiente de aprendizaje adecuado. Por lo tanto, es imperativo asegurar que donde haya niños y niñas que necesiten educación, también haya instituciones educativas equipadas y maestros capacitados disponibles para impartir una enseñanza de calidad.
Plan Nacional de Desarrollo
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, James Mosquera Torres desempeñó un rol crucial al asegurar la inclusión, por primera vez, de importantes obras para su departamento, el Chocó. Entre estas obras destacadas se encuentra la construcción de un hospital de alta complejidad, una medida vital considerando la carencia de infraestructuras médicas en la región.
La ausencia de hospitales en el departamento de Chocó representa un desafío significativo, especialmente para las mujeres que necesitan atención durante el parto y enfrentan complicaciones. Actualmente, estas mujeres deben ser trasladadas a Antioquia, Medellín o Pereira, en Risaralda, para recibir la atención médica adecuada. Además de la falta de instalaciones médicas, la región también enfrenta carencias en cuanto a infraestructura vial y acceso a instituciones educativas superiores que satisfagan las necesidades de la comunidad. La inclusión de estas obras en el Plan Nacional de Desarrollo representa un paso importante hacia la mejora de la calidad de vida de los habitantes del Chocó.
En relación a las necesidades del departamento, se cuentan con diversas fuentes físicas, como la explotación del oro y las dos costas marítimas. Se reconoce la importancia de una educación especializada en áreas como la pesca, la minería y el manejo de recursos hídricos, especialmente durante temporadas de sequía o fenómenos climáticos.
Desafíos actuales
Actualmente, James Mosquera Torres y su equipo están firmemente convencidos de que representan la voz de los chocoanos en el Congreso. Enfrentando situaciones anormales, no solo las destacan ante la comunidad nacional, sino también ante la comunidad internacional. Lamentablemente, los incendios son frecuentes debido a la construcción de muchas casas con madera y el uso de fogones de leña por la falta de energía, careciendo además de un cuerpo de bomberos. Han exigido al gobierno dotar a cada uno de los 31 municipios que representan, así como a los dos municipios de Antioquia, Vigía del Fuerte y Murindó, con un cuerpo de bomberos. Además, la falta de acueductos y saneamiento básico es preocupante, por lo que es esencial que el gobierno invierta en el territorio, que posee todo lo necesario para progresar.
Chocó, pese a su situación, alberga una riqueza natural inmensurable. Con dos mares y numerosos ríos, tiene el potencial para ser una fuente de energía a través de la construcción de grandes hidroeléctricas. Sin embargo, la montaña está siendo utilizada como ruta de tránsito por más de 600,000 inmigrantes que atraviesan el Tapón del Darién, afectando la salud y generando problemas de seguridad. Mosquera Torres insta al Gobierno Nacional a realizar una inversión social adecuada para mejorar la educación, instalaciones deportivas y generación de empleo, así como para garantizar la existencia de hospitales en la región.
A la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, alcaldes y autoridades, les pide que gestionen y distribuyan los recursos con cuidado, responsabilidad y transparencia para cambiar la percepción de corrupción en el departamento. A las autoridades militares y policiales, les exhorta a aumentar su presencia de manera continua y eficiente en todos los territorios, no solo durante crisis puntuales, para garantizar la paz en la región, que ha sufrido un alto índice de violencia debido a la presencia de grupos armados y la ausencia del Estado.
