La polémica radica en que la política del Centro Democrático contrató en su UTL a una asesora que cobró millonarios sueldos desde Canadá y nunca justificó sus actividades en el Congreso de la República.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación en contra de la congresista del Centro Democrático por el presunto delito de peculado por apropiación, tras la grave denuncia que involucra a Otilia Rodríguez Lozano, asesora de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) y que, según la denuncia, no existe evidencia de su trabajo en el Congreso de la República. Entre tanto, la polémica radica en que el denunciante de la Representante a la Cámara considera que “pudo haberse apropiado de recursos públicos a favor de un tercero, al haber permitido que una asistente de su UTL percibiera salarios sin realizar la respectiva contraprestación en trabajo”.

Yénica Sugéin Acosta Infante es gestora social y política de la ciudad de Leticia, capital del Amazonas. Es odontóloga de profesión y tiene un posgrado en vigilancia sanitaria, epidemiológica y ambiental del Instituto Ensino Superior Blauro Cardoso de Mattos en Brasil. Según el portal Congreso Visible de la Universidad de los Andes, es la primer mujer electa como Representante a la Cámara por el Amazonas (2018-2022) y reelecta para el periodo (2022-2026) por el Centro Democrático. Sin embargo, y a pesar de su importante gestión legislativa en favor de las causas sociales de la mujer y su aporte en la formación de nuevos liderazgos, la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación por, presuntamente, cometer el delito de peculado por apropiación.

E1 17 de julio de 2023, José Manuel Abuchaibe Escolar la denunció ante la Corte Suprema de Justicia por, supuestamente, permitir “que se diera un detrimento patrimonial del Estado, al aplicar dineros públicos a un fin no autorizado, pagando sueldos a personas que no asisten, que no trabajan realmente en el Congreso de la República”.

La historia comienza así. Según contó La Silla Vacía, entre el 2021 y el 2022, la representante vinculó a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a Otilia Rodríguez, asesora quien cobró varios sueldos desde Canadá; un país a más de 7 mil kilómetros de distancia del lugar donde debería estar prestando sus servicios profesionales. Incluso, según la Corte, la funcionaria Rodríguez se posesionó desde el país norteamericano. Según el artículo 1 de la ley 2029 de 2020, “interprétese la expresión “Cada congresista contará, para el logro de una eficiente labor legislativa, con una Unidad de Trabajo a su servicio” contenida en el inciso 1° del artículo 388 de la Ley 5ª de 1992, en el siguiente sentido: Para el logro de una eficiente labor legislativa, social, política y de control de los Congresistas, los funcionarios que estén vinculados a la Unidad de Trabajo Legislativo, podrán realizar sus funciones en la sede del Congreso de la República, o en cualquier lugar dentro del territorio nacional donde el congresista lo requiera, incluso a través de las figuras de teletrabajo o virtualidad”.

En este escenario la investigación busca establecer si la funcionaria incumplió con las funciones de su cargo. Aunque según versiones de la Corte Suprema, Otilia Rodríguez habría estado por fuera del país en al menos tres ocasiones durante el tiempo que tuvo una vinculación laboral con el Congreso de la República.