Bogotá, 9 de septiembre  de 2022

Contexto

Por más de cincuenta años el conflicto armado en Colombia había estado liderado por uno de los grupos guerrilleros más grandes del país, conocidos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), siendo tiempos de angustia y muerte, dejando cerca de 260.000 fallecidos y seis millones de desplazados en todo el territorio nacional, entre delitos como secuestros, extorsión, reclutamiento de menores, narcotráfico y ataques a la Fuerza Pública y a la población civil, es por ello que el 26 de septiembre de 2016, luego de cuatro años de negociaciones en la Habana, entre el entonces presidente Juan Manuel Santos y el ex guerrillero, Rodrigo Londoño, se dio el primer paso con la firma del Acuerdo de Paz.

Este acuerdo permitió que más de 13.000 exguerrilleros de las extintas FARC, incluidos cerca de 7.000 combatientes, lograran su proceso de reintegración a la vida civil, surgiendo incluso un partido político Comunes, bajo el nombre Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Posteriormente, el 24 de noviembre se abrió un debate frente a las condiciones en que se estaba dando el Acuerdo de Paz, generando un desacuerdo por parte de algunos partidos políticos, donde se impuso el NO a continuar con este acuerdo; tal decisión dividió a los que harían parte y los que no del acuerdo de Paz, además otros grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación ELN iniciaron una lucha por el control territorial en zonas del narcotráfico abandonadas por las FARC y algunos de ellos regresaron a la lucha armada.

Sin embargo, en las pasadas elecciones presidenciales del 7 de agosto de 2022, el primer mandatario de izquierda en el país, Gustavo Petro, quien en su juventud militó en el Movimiento 19 de Abril (M-19), un grupo guerrillero que buscaba imponer sus ideas mediante las armas pero que se diferenció de otras guerrillas de la época en varios aspectos, vuelve a retomar la importancia de implementar este Acuerdo de Paz, incluyéndolo como un punto clave en su programa de gobierno, en el que afirma: “Los Acuerdos de Estado con los firmantes de la paz, la sociedad y la comunidad internacional se cumplen”.

¿Qué dice el programa de gobierno actual frente al Acuerdo de Paz?

De acuerdo al programa de gobierno del Pacto Histórico, en el punto número 5:

El actual mandato busca recuperar el tiempo perdido, cesar la violencia contra los firmantes de la paz y con el concurso de toda la sociedad y la comunidad internacional hacer realidad lo pactado en toda su extensión.

Sobre la reforma rural integral será pilar central comopropuesta de democratización de la tierra y por tanto entre otras medidas se constituirá el Fondo de Tierras, crearemos la jurisdicción agraria, avanzaremos en la elaboración de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural –POSPR, implementaremos el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) para contribuir a la resolución pacífica de conflictos y a la seguridad jurídica de la tenencia. Pondremos en marcha un Sistema Especial para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación de la población rural. Crearemos diferentes instancias de gobernanza y su vínculo con varios programas para la lucha contra el hambre y la desnutrición.

Sacaremos del entrampamiento burocrático y politiquero Los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET para que las más de 32 mil iniciativas en los 170 municipios priorizados sean una realidad soportada en la participación real de las poblaciones, las víctimas, el campesinado, los pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros e indígenas

Articularemos los instrumentos más efectivos del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos y del ISDA (Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo) a la nueva política de economía productiva en la que Colombia transite de la economía fósil e ilegal de la cocaína a una economía basada en el trabajo y la producción de alimentos en la que el pequeños productor rural no será judicializado, fumigado o desplazado sino al contrario en el marco de sustitución de tierras y económica encuentre un lugar digno y las condiciones de capital, asociatividad y conocimiento para contribuir a la regulación de las drogas.

Nuestro gobierno, respetará y creará las financieras, de seguridad y protección para que la CEV culmine su labor durante 2022 y su informe sobre la verdad pueda ser convertido en patrimonio de la nación y difundido sin barreras ni censuras. La JEP tendrá toda la colaboración para que la justicia transicional esté revestida de toda la confianza y se convierta en piedra angular del tránsito en Colombia hacia una era de paz. Entregaremos todo el apoyo necesario para que en Colombia encontremos a los desaparecidos y desaparecidas en motivo del conflicto y rodearemos a la Unidad de Búsqueda de Población Desaparecida-UBPD de las condiciones necesarias. En fin, nuestro gobierno no escatimará esfuerzo para que el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición cumpla su cometido y los mandatos legales y constitucionales.

Hacia un acuerdo de paz con el ELN: Crearemos las condiciones para avanzar en un diálogo y negociación eficaz con el ELN en el marco de la generación de grandes consensos nacionales y apoyo de la comunidad internacional, que recoja las lecciones aprendidas del Acuerdo Final de Paz con las FARC.

Sometimiento judicial del multicrimen: Con el fin de desmantelar de manera pacífica y eficaz los grupos multicrimen, sucesores del paramilitarismo y articulados en su mayoría al narcotráfico, se identificarán y combatirán los grandes capitales, las estructuras de los verdaderos traficantes de la droga, financiadores, procesadores y exportadores, así como su vinculación con el aparato del Estado. Con ellos se abrirán espacios de negociación judicial y sometimiento colectivo a la justicia sobre la base del desmonte de sus actividades, la obtención de verdad y la disposición de los recursos de sus actividades ilegales para la ejecución transparente de políticas públicas para la reparación y la garantía de derechos de toda la población. Se reactivará la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

Retos frente al Acuerdo de Paz

Según las Naciones Unidas, la administración entrante tiene una tremenda oportunidad y responsabilidad para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz, recordemos los hallazgos publicados por el presidente de la Comisión de la Verdad, padre Francisco De Roux Rengifo, donde más de mil líderes sociales y 331 excombatientes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo, citando que en las últimas dos semanas fueron abatidos cuatro excombatientes más.

De igual forma, las cifras de la Comisión de la Verdad, cuyo objetivo es la reconciliación del país, indican que los 60 años que duró el conflicto armado dejaron 50.770 secuestros, 121.768 desapariciones, 450.664 asesinatos y 7,7 millones de personas desplazadas, además de que el país produce el 70% de la cocaína en el mundo.

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