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  • El dilema judicial ante la autorización de la eutanasia en Colombia

La Corte Constitucional emitió un comunicado el 22 de julio de este año, donde dio a conocer los alcances de la sentencia C-233 de 2021, la cual habilita el acceso a la eutanasia en casos por lesiones corporales o enfermedades graves e incurables, no obstante esta sentencia aún no ha notificado el fallo a este Ministerio, por lo que no se producen los efectos jurídicos derivados.

Esa sería la razón por la cual se canceló el procedimiento de Martha Liria Sepúlveda, una mujer de 51 años quien había solicitado su derecho a morir dignamente, tras ser diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad no terminal que causa gran dolor y tiende a agravarse con el tiempo.

Su solicitud la hizo ante el comité médico del Instituto Colombiano del Dolor, el cual había aprobado la eutanasia y se realizaría el pasado domingo, no obstante el mismo Incodol difundió un comunicado en el que revertía su decisión original concluyendo de manera unánime cancelar el procedimiento debido a un concepto actualizado del estado de salud y evolución de la paciente.

Como respuesta la mujer ha iniciado una batalla judicial, por medio de una acción de tutela para que los jueces amparen sus derechos, bajo la premisa de cumplir con todos los requisitos establecidos en la nueva normatividad del país para pedir la eutanasia.

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