Por: Nelson Enrique Moreno

La histórica cifra de US$154.968 millones de la deuda externa colombiana copa hoy el 55,4% del PIB del País, lo que plantea un muy peligroso escenario para la economía nacional y que se debería traducir en una drástica política de ajuste fiscal desde 2022 para reducir el alto déficit fiscal y los elevados niveles de endeudamiento público, ocasionados en una gran medida por la pandemia del Coronavirus Covid-19 que tiene a casi todos los países del mundo sumidos en una de las mayores crisis de toda la historia. Así, el Gobierno Nacional ha planteado la imperiosa necesidad de una Reforma Tributaria que va a incidir directamente en el bolsillo de todos los colombianos; pero ¿es esta la única herramienta para salir de la crisis? Informe Especial.

A diciembre de 2020, el saldo de la deuda externa del sector público alcanzó un monto de US$89.699 millones, con un incremento del 21,5% para el mismo período de 2019, equivalente al 32% del PIB, en el que el aumento del saldo fue explicado por la mayor deuda de largo plazo y por la reducción de la deuda de corto plazo. En el mismo orden, al cierre de diciembre de 2020, el saldo de la deuda externa del sector privado fue de US$ 65.269 millones, con un crecimiento del 23,3% del PIB respecto del mismo período del año inmediatamente anterior, monto total del cual el 79% correspondió a obligaciones del sector no bancario y el restante 21% a deudas adquiridas por instituciones del sector bancario.

Es así que la creciente deuda externa colombiana cerró el 2020 con un histórico de US$154.968 millones, lo que representa el 55,4% del PIB Nacional, cifra que supera el saldo presentado a diciembre de 2019 cuando representaba el valor de US$138.683 millones (42,9% del PIB), lo que en cifras más claras representa un incremento del 11,7%, que equivalen a US$16.285 millones, que se explica por la mayor deuda de largo plazo, que fue contrarrestada por la disminución en las obligaciones de corto plazo. Este aumento en la deuda externa nacional es todavía más preocupante si se compara con el cierre de 2018, cuando el país tenía una deuda total equivalente al 39,7%.

Por la gravedad de la situación, en el Plan Financiero de 2021 que el Ministerio de Hacienda presentó la semana anterior, presenta un escenario “explosivo” de la deuda del Gobierno Nacional Central que para 2020 cerró en niveles de 64,8 % del PIB y que logrará, según las proyecciones financieras, estar por debajo del 60% hasta 2030. El documento señala la imperiosa necesidad de un ajuste fiscal que inicie en 2022, consistente en un incremento en el balance primario que permita que se reduzca el déficit fiscal y se disminuya el alto nivel de endeudamiento público, ajustando los ingresos y gastos fiscales para aumentar en por lo menos 1,5 puntos porcentuales el balance primario del PIB.

Para el profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales, especialista en Finanzas Públicas y en Gestión de Portafolios de Inversión y Valoración de Empresas y Magister en Administración de Empresas MBA, Néstor Moreno Gutiérrez, consultado por la Revista Mi Nación, la pandemia tiene un efecto directo en el incremento de la deuda externa sobre todos las naciones que han decidido optar por una fuente de apalancamiento por parte de la banca multilateral o algún agente extranjero, para mitigar los devastadores efectos que ya se ven y que se seguirán presentando por varios años más, ya que la vacunación contra el Covid-19 en el mundo entero no es una solución inmediata.

En nuestro caso, Colombia adquirió una deuda externa con el Banco Mundial y con otros agentes de mercado, así como otros tipos de deuda a fin de, entre otros, tener recursos suficientes para poder poner en marcha algunas de las políticas económicas y estrategias para sustentar las labores básicas del Estado, intentar proteger a los trabajadores, a las industrias y empresas, para que no se tuviera como única alternativa el cierre de sus puertas y los despidos masivos, esfuerzos que se vieron materializados en la protección de una parte de la economía nacional. Lo anterior sin desconocer que los índices de desempleo subieron considerablemente, que se presentaron cierres de negocios, en especial de Mypimes, y que incluso grandes empresas sufrieron efectos muy fuertes.

“Los recursos provenientes de esos empréstitos se invirtieron, por ejemplo, en brindar auxilios vía subsidios a algunas personas cesantes, efectuar el pago de una parte del salario mínimo de algunos trabajadores o evitar el pago de algunos impuestos de las empresas, recursos que deben pagarse al prestante en algún momento”, sostiene Moreno Gutiérrez, aunque aclara que los efectos que podría llegar a generar esta situación de pandemia, de encerramiento obligatorio y posteriormente “voluntario” para cualquier Estado que haya solicitado recursos de los agentes de préstamo internacional “es realmente relativo”, al sostener que la pandemia obligó a que muchos sectores se detuvieran o mermaran su producción, obligando a los Estados y a los empresarios a generar estrategias para proteger a estos sectores a futuro.

El experto indicó que todo esto intentó evitar un colapso mayor al que se podía generar, ya que aunque lamentablemente “en lo que respecta a pérdidas de vidas humanas” no se pudo evitar, evitó una crisis más potente, probablemente con la agudización de estos efectos que pudieron haber sido mucho más catastróficos, ya que el atraso o incluso el paro de actividades de producción detiene otros procesos sociales, deja de generar empleo, y a su vez genera otros factores como el incremento de la desconfianza, el incrementó en hurtos, el aumento de suicidios, y otros muchos que con el tiempo terminarán de degradar mucho más la sociedad civil ya afectada por la crisis sanitaria.

Por lo anterior, Néstor Moreno fue enfático en indicar sobre los Estados que solicitaron algún tipo de recurso de la banca multilateral o algún agente externo, buscando apalancamiento externo para protegerse o generar algún tipo de apoyo financiero a su industria nacional, que debían tener un plan financiero de cómo irían a pagar dichos créditos, bien sea vía Reforma Tributaria o revisando unas más diversificadas y potentes estrategias estatales. En el caso colombiano, se deben evaluar todas las alternativas posibles para poder recuperar esos recursos y al mismo tiempo avanzar en la recuperación económica, luchando contra la desaceleración económica.

Aunado a lo anterior, el Estado Colombiano “debe generar incentivos tributarios para impulsar nuevos negocios, fortalecer el comercio exterior reduciendo aranceles, atraer mayores niveles de inversión extranjera, a fin de tener un marco de negociación y permitir que nuestra oferta de productos y servicios logren circular con mayor afluencia y continuidad fuera del país, permitiendo que la economía nacional se recupere más rápidamente del declive económico y se logren solventar con mayor rapidez los créditos solicitados ante estos agentes bancarios, a la par de continuar con las estrategias de manejo de auxilios y subsidios para aquellos que los requieran, en el marco de una gran política económica que se debe estudiar de forma más precisa”, sostuvo el experto.