Durante los últimos días de protestas el mundo ha estado atento a las movilizaciones que se están desarrollando, no solo en nuestro país, sino en varios lugares del mundo.

El panorama no podría ser más alarmante, y si bien es cierto que pese a que en condiciones normales el ojo supervisor de los medios de comunicación nos permitiría enfocar la mirada en los acontecimientos de Palestina, la migración de marroquíes a España, o simplemente el desarrollo agotador de la pandemia COVID-19, hoy estamos aquí, no solo físicamente sino absolutamente con- centrados en el paro nacional iniciado el pasado 28 de abril, y particularmente en la barbarie que las fuerzas del orden han venido cometiendo contra los manifestantes en decenas de plazas públicas a lo largo del país.

En líneas generales, y según la ONG temblores, hasta el 31 de mayo se han presentado 3.787 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública. En la escalofriante cifra se descatan 45 homicidios, 65 mutilaciones oculares, 187 casos de disparos con arma de fuego y 25 víctimas de violencia sexual, sin contar la cifra de desaparecidos que asciende a un número cercano a 800 personas.
Aquí, ante este incontrovertible abuso policial, han empezado a escucharse voces de la comunidad internacional, representada en congresistas de Estados Unidos, la Unión Europea, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la CIDH, y por supuesto ONGs como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. La más reciente de esas voces de protesta provino la Cámara de los Lores, que se expresa en ese sentido: “There have been numerous examples of police violence towars protesters” (Han habido numerosos ejemplos de violencia policial hacía los manifestantes).

Es cierto que una de las funciones de la Policía es el reestablecimiento del orden y la defensa de la propiedad pública y priva- da, pero ello no puede estar en ningún caso por encima del principal mandato para las fuerzas armadas y es la defensa de la vida y la integridad de los nacionales, quienes deben ser procesados legalmente por las autoridades que manda la constitución y no por la bala perdida, la desaparición, el abuso y la violencia de Estado.